"Preciosa" impunidad.

De nueva cuenta vemos las esferas del poder en acción, un aplauso señores de la Corte -Ministro Aguirre Anguiano-, gracias por proporcionarnos muestras de que las influencias valen más que las pruebas cuando se está buscando justicia en este México nuestro.

Como todos sabemos, el caso de Lydia Cacho, quien escribiera "Los Demonios del Edén" fue presentado ante la SCJN a fin de denunciar las violaciones a sus garantías por parte del Gobernador de Puebla y autoridades judiciales del mismo estado que se encontraban confabuladas con el empresario Kamel Nacif.

La primera respuesta de la Corte en voz del ministro Juan Silva Meza se presentó el 23 de noviembre afirmando que si existió una violación grave a los derechos de Cacho, y que ésta sentencia sería girada a la PGR a fin de que se persiguiera penalmente a los involucrados.
El 26 de noviembre (2007) nuevamente el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva, declaró que hubo "un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales de Lydia Cacho" y 3 días después nos encontramos con que a pesar de la existencia clara de evidencias que demuestran la violación a las garantías de la periodista, gracias en gran parte a la correcta intervención del Ministro Aguirre Anguiano quien decidió desechar las pruebas de pederastía y pedofilia de los involucrados en el caso, la SCJN -organo rector de la aplicación del derecho en nuestro país- decidió lavarse las manos y decir que aunque haya evidencias, otras instancias judiciales son las competentes al caso y exoneraron al "Gober" de los cargos que se le imputaban diciendo que no había violaciones "graves" a los derechos humanos de la periodista amenazada de muerte varias veces tras la publicación de su libro.

Yo simplemente no sé que pensar, si la SUPREMA Corte de Justicia de la Nación declará que el caso se puede llevar en otras instancias judiciales me preguntó entonces a quién se podrán prsentar casos de abusos graves a futuro si tras emitir un fallo que exonera a Marín escuchamos declaraciones del Gobierno de Puebla que manifiestan la "confianza" que se tuvo desde un principio en el órgano judicial mencionado nos damos cuenta de que el Gobierno desgraciadamente no tiene realmente quién lo obligue al cumplimiento de la ley.

¿De verdad tienen que ser "graves" las violaciones a los derechos humanos para que se pueda aplicar la ley contra los involucrados sin importar su ubicación dentro del sistema?
¿Cuántos mexicanos ven diariamente violados sus derechos, a quién pueden acudir, quiénes son esas instancias judiciales competentes?
¿Cuántas muestras más de impunidad y corrupción necesitamos antes de darnos cuenta que los círculos del poder siguen siendo intocables?

¿Cuándo dejará de ser un sueño idílico un México donde se respeten nuestros derechos humanos por parte de las autoridades?

D.a.M.v.